El Tribunal Colegiado de La Altagracia impuso diez años de cárcel y una indemnización de RD$ 2 millones a Víctor Manuel Kery, alias El Pastor, y cinco años de reclusión a Robinson Peguero, conocido como El Profeta. El proceso se llevó a cabo a puertas cerradas debido a la naturaleza de los hechos y a la protección de las víctimas.
De acuerdo con la sentencia firmada por los tres jueces del colegiado, el expediente judicial detalla que ambos líderes religiosos aprovecharon su posición de confianza para someter a varias feligresas a actos sexuales no consentidos, constitutivos de agresión sexual agravada y simple, respectivamente.
El fallo se apoya en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano modificados por la Ley 24-97 que fijan penas de diez años cuando la agresión ocurre bajo violencia o engaño y de cinco años cuando no alcanza la tipificación de violación.
Los abogados de las víctimas valoraron el veredicto, aunque insistieron en que la pena máxima sigue siendo baja frente al impacto físico y psicológico que los hechos dejaron en las mujeres afectadas. Pidieron al Congreso revisar el tope de las sanciones para casos donde concurren figuras de autoridad moral como ministros de culto.
La propia Ley 24-97 introdujo agravantes específicas en materia de violencia de género y abuso de poder, reconociendo como circunstancias especialmente graves la condición de vulnerabilidad de la víctima y el uso de la autoridad religiosa para coaccionar.
El contexto estadístico subraya la urgencia de endurecer el marco punitivo: entre enero y abril de 2024 la Procuraduría General recibió 2 398 denuncias por delitos sexuales un promedio de 20 diarias en 2023 sin que la mayoría llegue a sentencia firme.
En este caso resultó determinante el testimonio de las víctimas mediante cámara Gesell, una práctica que los tribunales dominicanos emplean cada vez más para evitar la revictimización, como ya se observó recientemente en procesos de alto perfil.
Más allá de las condenas, la decisión del colegiado envía un mensaje claro: el púlpito no blinda a quien traiciona la confianza espiritual de la feligresía. Queda en manos del legislador reforzar el castigo y en la sociedad denunciar sin miedo porque el silencio, al final, es el mejor aliado de los depredadores.
