El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó al Consejo Europeo en Bruselas tirando de aplomo: “España cumple con la OTAN, pero decide por sí misma”. La frase iba dirigida a Donald Trump, quien la víspera amenazó con “hacer pagar el doble” a los españoles si Madrid mantiene su plan de limitar el gasto militar al 2,1 % del PIB frente al 5 % exigido en la última cumbre aliada en La Haya y con ello, según él, “aprovecharse” de Estados Unidos.
Según la agencia EFE, Sánchez recordó que la política comercial “no se cocina en las capitales, sino en Bruselas” y defendió que cualquier represalia arancelaria se tratará “a nivel de la Unión”. La pulla no es menor: el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE atribuye en exclusiva a la Comisión el control del comercio exterior, de modo que ni Trump ni ningún otro líder puede negociar bilaterales ad hoc con un Estado miembro sin pasar por ese filtro.
Las amenazas llegan en un momento delicado. La Unión aún digiere la advertencia de la Casa Blanca de subir los aranceles base al 50 % si no hay acuerdo antes del 9 de julio, y los jefes de Estado y de Gobierno valoran activar la nueva Ley Anticoacción para responder con medidas espejo por hasta 95 000 millones de euros. Fuentes comunitarias temen, además, que un pulso prolongado golpee de nuevo a la industria automotriz y al acero, sectores sacudidos ya en la guerra comercial de 2018 y apenas normalizados tras el pacto transatlántico de 2021 que levantó los gravámenes al acero y al aluminio.
Trump, en campaña permanente, busca exhibir mano dura frente a quienes “no ponen lo suyo”. Pero los números dan margen a Moncloa: España fue uno de los países que más elevó el gasto militar desde 2014 (creció del 0,9 % al 1,3 % antes de la pandemia y ahora apunta al 2,1 % en 2030), y mantiene tropas en misiones de la OTAN en el Báltico y en Irak. Obviar ese esfuerzo, denuncian en Exteriores, “es populismo de manual”.
En lo económico, Madrid recuerda que ya compra más de lo que vende a EE. UU. en torno a 6.000 millones de euros de saldo negativo en 2024, de modo que un aumento de aranceles dañaría primero a importadores y consumidores estadounidenses. Voces empresariales en Bruselas lo corroboran: las tasas adicionales encarecerían productos energéticos y agrícolas que España importa, pero también piezas de aviación, whisky y semiconductores que EE. UU. coloca en Europa.
Bruselas, por su parte, pilotea una doble estrategia: mantener la puerta abierta a un pacto sectorial rápido (acero, automóviles y materias primas críticas) y, en paralelo, preparar un paquete de contragolpes quirúrgicos sobre motocicletas, naranjas de Florida y destilados de Kentucky símbolos elegidos por su impacto político en estados clave, un guion que la UE ya ensayó en 2018.
¿Hasta dónde puede subir la tensión?
- Legalmente limitado
- La Comisión Europea tendría que autorizar cualquier tarifa bilateral. Sin ese aval, las medidas de Trump abrirían un nuevo frente jurídico ante la OMC.
- Electoralmente rentable
- El presidente estadounidense apunta a un electorado que celebra la presión sobre los aliados. Sánchez, por su parte, refuerza un relato de defensa del Estado del bienestar frente a “exigencias desproporcionadas”.
- Riesgo para la inversión
- La incertidumbre arancelaria ya ha enfriado planes de fabricantes de automóviles y aeronáutica que operan en Andalucía y Cataluña. Alemania y Francia presionan para cerrar un pacto exprés antes de otoño y evitar un efecto dominó.
Lo que viene
El Consejo Europeo ha encomendado al vicepresidente Šefčovič volver a Washington la próxima semana con la oferta de un acuerdo limitado que congele aranceles a cambio de un cronograma verificable de inversión militar. Si fracasa, el bloque activará el Reglamento Anticoerción y Bruselas publicará, 24 horas después, la lista definitiva de represalias.
Mientras tanto, Sánchez mantiene su mensaje: España seguirá “solidaria y comprometida”, pero sin renunciar a su soberanía presupuestaria. Una postura que lo confronta con Trump, sí, pero que también busca apuntalar un consenso interno: no sacrificar gasto social en aras de promesas de defensa impuestas a golpe de tuit y tarifa.
