La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la sanción de 10.800 euros contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido a la delantera Jenni Hermoso durante la ceremonia del Mundial femenino 2023 en Sídney. Además, mantiene la orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la jugadora durante un año, así como una indemnización de 3.000 euros por daños morales.
Según EFE, los magistrados desestimaron los recursos de la Fiscalía, de la acusación particular y de la propia defensa, confirmando que el gesto tuvo una “clara connotación sexual” y que el consentimiento brilló por su ausencia. La Sala recordó que Rubiales no besó a ninguna otra jugadora, desmontando su argumento de “euforia colectiva”.
El tribunal fue tajante: “no existe derecho a besar ni servidumbre de ser besado sin consentimiento”. Esa línea enlaza con la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, popularmente conocida como “solo sí es sí”, que redefine cualquier acto sexual sin consentimiento expreso como agresión. Desde su entrada en vigor, la norma ha endurecido la respuesta penal y ha colocado el consentimiento en el centro del debate jurídico.
La resolución subraya que la reacción inicial de Hermoso restando importancia para no empañar la celebración no invalida su negativa, ni minimiza la agresión. Los magistrados recalcaron que un beso inesperado, con las cámaras del mundo enfocando, convirtió un instante de gloria deportiva en un recordatorio de las brechas de respeto dentro y fuera del deporte.
Mientras tanto, Rubiales ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, insistiendo en que su actuación careció de intención sexual. La estrategia legal apunta a cuestionar de nuevo el elemento de connotación que el tribunal considera irrelevante: basta la falta de consentimiento.
Este fallo, que llega tras meses de debate público y el movimiento #SeAcabó dentro del fútbol español, refuerza el mensaje de cero tolerancia a las conductas sexistas en el deporte. Expertos en derecho deportivo y activistas por la igualdad lo ven como “un precedente que obliga a las federaciones a tomarse en serio la protección de sus atletas”, un paso clave para armonizar la cancha con la nueva sensibilidad social y legal que impera desde 2022.
